Aceites vegetales usados como biocombustibles
Estimaciones oficiales señalan que en la
provincia de Santa Fe, cada habitante consume 18 litros de aceite
vegetal por año y durante cada año calendario son 50 mil las toneladas
de ese producto desechadas, muchas de las cuales terminan en el sistema
cloacal o son arrojadas a cursos de agua.
Para
atacar este problema ambiental, la Cámara de Diputados volvió a darle
media sanción a un proyecto de ley presentado por el presidente del
cuerpo, Antonio Bonfatti, que apunta a la regulación, control y gestión
integral de aceites vegetales y grasas de fritura usados (AVUs) y
producidos por una serie de generadores como comedores ya sean de
hoteles, escolares, comunitarios, de centros de salud, geriátricos,
industriales; restaurantes, bares, confiterías, rotiserías, casas de
comida y empresas de catering.
También
se prevé el tratamiento para pequeños generadores domésticos. El
objetivo central es transformar esos desechos en biocombustibles.
El
texto votado define como AVUs “al aceite vegetal y grasas de fritura
usados que provenga o se produzca en forma continua o discontinua en la
provincia, a partir de su utilización en las actividades de cocción o
preparación mediante fritura total o parcial de alimentos, cuando
presente cambios en la composición físico-química y en las
características del producto de origen de manera que no resulten aptos
para su utilización para consumo humano conforme a lo estipulado en el
Código Alimentario Argentino”. Ese producto debe estar “en condiciones
de ser desechado por el generador y cuyo destino final sea la producción
de biocombustibles y/o su incorporación a otros aceites vegetales
destinados a la producción de biocombustibles y/o a otro proceso
productivo por el cual se valoricen a los AVUs y/o a la disposición
final en caso de no ser posible su reciclado”. Se incluyen aceites
hidrogenados, grasas animales puras no mezcladas utilizadas para fritura
y los residuos que éstos generen.
Bonfatti,
siendo gobernador, había propuesto el tema a la Legislatura en 2013 con
un mensaje que fue votado por el Senado en septiembre de 2014 y perdió
estado parlamentario por falta de tratamiento en Diputados. Un texto
similar lo presentó siendo diputado en mayo de 2016 y fue la Comisión de
Medio Ambiente, que preside el radical Santiago Mascheroni, la que se
encargó de trabajarlo en consulta con entidades y organizaciones
universitarias, ambientales, etc. Luego el texto avalado por las
Comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales llegó
al recinto donde fue votado por unanimidad pero perdió estado
parlamentario, ahora por falta de tratamiento en el Senado. En mayo de
este año, Bonfatti volvió a ingresar el proyecto que fue solo girado a
Asuntos Constitucionales que lo consideró junto a otro del radical
Fabián Palo Oliver que también expone la temática.
“Esperemos que ahora el Senado nos acompañe” le dijo Bonfatti a El Litoral tras la nueva aprobación.
“Los
aceites vegetales usados constituyen residuos con características de
nocividad o toxicidad y requieren de un control y gestión integral que
contemple la regulación de su generación, manipulación, recolección,
almacenamiento, transporte, tratamiento y valorización para la
producción de biocombustibles y, eventualmente, su disposición final”,
explicó Bonfatti.
Recalcó que una gestión inadecuada impacta negativamente en el ambiente y puede producir daños a la salud de las personas.
El
diputado socialista señaló que la finalidad primaria es la de destinar
dichos aceites usados a la producción de biocombustibles ya sea en forma
directa o mediante la mezcla con aceites vegetales no utilizados. “La
finalidad secundaria es la prevención de la contaminación y la
preservación del ambiente y la salud de las personas, particularmente”,
añadió.
Lo que dice
En
quince capítulos, el proyecto establece el tratamiento que deberán
tener estos residuos y define al sistema como servicio público cuya
competencia estará en manos de la Secretaría de Energía que podrá
delegar competencias en municipios y comunas. En tanto, la tarea de
control del cumplimiento será ejercida por la Agencia Santafesina de
Seguridad Alimentaria (Assal).
El
capítulo segundo incorpora la figura del “manifiesto”, documento en el
cual quedan debidamente documentadas las distintas etapas de la gestión
integral de dichos aceites hasta llegar a su destino final, su uso para
la producción de biocombustibles. En los capítulos siguientes se definen
a los generadores, transportistas, almacenadores, operadores y
productores de biocombustibles alcanzados y se les establecen una serie
de obligaciones. Además crea un registro de generadores, transportistas,
almacenadores y operadores así como productores de biocombustibles
donde deberán inscribirse los distintos actores de la cadena. Otro
capítulo postula la creación de una “tasa de evaluación y fiscalización”
de aceites usados que deberán abonar los sujetos inscriptos. Esa tasa
será la herramienta fiscal que garantiza las prestaciones y funciones de
contralor y gestión de los aceites.
En
los fundamentos del proyecto se citan una serie de normas jurídicas que
ameritan el dictado de la norma, entre ellas el artículo 41 de la
Constitución Nacional que menciona el derecho a un ambiente sano,
equilibrado y apto para el desarrollo humano.
Razones valederas
En el artículo 3º del proyecto de ley votado se definen los objetivos específicos seguidos con la futura norma:
*
La prevención de la contaminación hídrica y del suelo, y la protección
de la infraestructura de saneamiento básico del ejido de la provincia de
Santa Fe;
* La minimización, en el
mediano plazo, de la generación de gases de efecto invernadero, a
partir de la producción de biodiésel derivados de aceites vegetales
usados y del reemplazo parcial y paulatino de combustibles fósiles;
*
La concientización y participación de los ciudadanos en la gestión
ambientalmente adecuada de dichos aceites con el fin de mejorar la
calidad de vida y el ambiente a través de programas de difusión y de
educación en la materia, particularmente destinadas a generadores
domiciliarios;
* La disposición final adecuada de los aceites para el caso de que no se utilice para el reciclado.
Insistencia
En
la última sesión, Diputados volvió a votar un proyecto de ley de la
radical Claudia Moyano modificando un artículo de la ley orgánica del
Ministerio Público de la Acusación que permitiría cubrir las vacancias
transitorias mayores de 30 días de fiscales por adjuntos de fiscalía
regional que reúnan los requisitos exigidos para el cargo a subrogar.
Este
banco de suplentes para fiscales había sido votado también en
septiembre de 2016 y perdió estado parlamentario por falta de
tratamiento en Senado.
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