Por primera vez, irá a juicio una jueza de Corrientes acusada de maltrato a secretarios
Por primera vez en la historia del Poder Judicial de Corrientes, una
jueza de Instrucción fue suspendida en su cargo acusada de ejercer
“maltrato y hostigamiento” a secretarios del juzgado que tiene a su
cargo, según lo determinó hoy el Consejo de la Magistratura de la
Provincia.
A partir de hoy, Graciela Ferreyra, jueza de Instrucción N°6, quedó
suspendida y el Jurado de Enjuiciamiento deberá poner fecha para el
juicio político al que deberá someterse y que podría destituirla
definitivamente del cargo.
Es la primera vez en Corrientes que por esas acusaciones, vinculadas al ámbito laboral en el que se desempañaba desde hacía 14 años, una magistrada es suspendida en su cargo y puede ser destituida en el caso de que así lo consideren los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento.
Ferreyra fue secretaria del Juzgado de Instrucción N°1 cuando el mismo estaba a cargo de Mario Payes, quien falleció en 2005. Desde ese lugar, escaló posiciones. Con Ricardo Colombi como gobernador, logró que el entonces bloque oficialista Frente de Todos le aprobara en el Senado su pliego de jueza de Instrucción 6.
La suspendida jueza es acusada de “expresiones irrespetuosas y descalificantes, y fuera de lugar a los secretarios que se desempeñaron en el Juzgado a su cargo; asumió conductas de maltrato y hostigamiento en relación a secretarios y empleados de su tribunal, e incumplió con su deber de firmar diariamente el despacho de las causas a su cargo, generando demoras en su tramitación; y no impartió instrucciones necesarias para el correcto desempeño de sus tareas”.
Así lo señalan textualmente los ministros del Superior Tribunal de Justicia Guillermo Semhan (presidente), Luis Eduardo Rey Vázquez y Fernando Augusto Niz, en la resolución que el 2 de marzo pasado le aplicó una multa del 30 por ciento de su sueldo a la jueza Ferreyra.
En esa misma decisión, que es una instrucción sumarial, los jueces del máximo tribunal remitieron las actuaciones al Consejo de la Magistratura para que se evalúe el juicio político.
En esa instrucción sumarial, los ministros de la corte correntina consideraron probadas las acusaciones y tuvieron por acreditado que la magistrada “incumplió con la función que le correspondía como órgano de conducción del Juzgado, así como el rol de liderazgo que debió ejercer en el mismo”.
Como elementos probatorios, los jueces del STJ tomaron declaración testimonial a los secretarios del Juzgado de Ferreira y tuvieron en cuenta “una inmensa cantidad de certificados psiquiátricos” del personal.
Por su parte, los ministros Eduardo Panseri y Marcelo Chain habían votado en disidencia al no estar de acuerdo con que el caso sea remitido al Consejo de la Magistratura. Plantearon dudas porque no realizaron las denuncias oportunas, apelando a un “mecanismo escapatorio laboral, y presentaron un certificado médico psiquiátrico o psicológico para sustraerse de las responsabilidades diarias y cotidianas de un Juzgado de Instrucción y (…) no utilizaron el camino difícil de denunciar actos supuestamente vividos y que podrían ser denominados como incorrectos”. Consideraron, en tanto, que había “una importante negligencia de la titular del Juzgado, como así también de los responsables de monitorear la actividad administrativa de los funcionarios judiciales, porque, en definitiva, esa situación anómala y muy poco creíble tenía un impacto negativo en el servicio de Justicia esencial que debe proveer dicho Juzgado”.
Las actuaciones contra Ferreyra se iniciaron gracias a un informe remitido por la Dirección de Personal y Licencias del Poder Judicial, dando cuenta de la dotación de secretarios del Juzgado de Instrucción N° 6, que hizo uso de la licencia del artículo 45 del Reglamento Interno para la Administración de Justicia, en los últimos trece años, indicando asimismo la duración del tránsito de los funcionarios en esa dependencia y si continuaban o no prestando servicios en la misma. Y la doctora Ferreyra tuvo oportunidad de plantear su posición y efectuar su descargo.
Es la primera vez en Corrientes que por esas acusaciones, vinculadas al ámbito laboral en el que se desempañaba desde hacía 14 años, una magistrada es suspendida en su cargo y puede ser destituida en el caso de que así lo consideren los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento.
Ferreyra fue secretaria del Juzgado de Instrucción N°1 cuando el mismo estaba a cargo de Mario Payes, quien falleció en 2005. Desde ese lugar, escaló posiciones. Con Ricardo Colombi como gobernador, logró que el entonces bloque oficialista Frente de Todos le aprobara en el Senado su pliego de jueza de Instrucción 6.
La suspendida jueza es acusada de “expresiones irrespetuosas y descalificantes, y fuera de lugar a los secretarios que se desempeñaron en el Juzgado a su cargo; asumió conductas de maltrato y hostigamiento en relación a secretarios y empleados de su tribunal, e incumplió con su deber de firmar diariamente el despacho de las causas a su cargo, generando demoras en su tramitación; y no impartió instrucciones necesarias para el correcto desempeño de sus tareas”.
Así lo señalan textualmente los ministros del Superior Tribunal de Justicia Guillermo Semhan (presidente), Luis Eduardo Rey Vázquez y Fernando Augusto Niz, en la resolución que el 2 de marzo pasado le aplicó una multa del 30 por ciento de su sueldo a la jueza Ferreyra.
En esa misma decisión, que es una instrucción sumarial, los jueces del máximo tribunal remitieron las actuaciones al Consejo de la Magistratura para que se evalúe el juicio político.
En esa instrucción sumarial, los ministros de la corte correntina consideraron probadas las acusaciones y tuvieron por acreditado que la magistrada “incumplió con la función que le correspondía como órgano de conducción del Juzgado, así como el rol de liderazgo que debió ejercer en el mismo”.
Como elementos probatorios, los jueces del STJ tomaron declaración testimonial a los secretarios del Juzgado de Ferreira y tuvieron en cuenta “una inmensa cantidad de certificados psiquiátricos” del personal.
Por su parte, los ministros Eduardo Panseri y Marcelo Chain habían votado en disidencia al no estar de acuerdo con que el caso sea remitido al Consejo de la Magistratura. Plantearon dudas porque no realizaron las denuncias oportunas, apelando a un “mecanismo escapatorio laboral, y presentaron un certificado médico psiquiátrico o psicológico para sustraerse de las responsabilidades diarias y cotidianas de un Juzgado de Instrucción y (…) no utilizaron el camino difícil de denunciar actos supuestamente vividos y que podrían ser denominados como incorrectos”. Consideraron, en tanto, que había “una importante negligencia de la titular del Juzgado, como así también de los responsables de monitorear la actividad administrativa de los funcionarios judiciales, porque, en definitiva, esa situación anómala y muy poco creíble tenía un impacto negativo en el servicio de Justicia esencial que debe proveer dicho Juzgado”.
Las actuaciones contra Ferreyra se iniciaron gracias a un informe remitido por la Dirección de Personal y Licencias del Poder Judicial, dando cuenta de la dotación de secretarios del Juzgado de Instrucción N° 6, que hizo uso de la licencia del artículo 45 del Reglamento Interno para la Administración de Justicia, en los últimos trece años, indicando asimismo la duración del tránsito de los funcionarios en esa dependencia y si continuaban o no prestando servicios en la misma. Y la doctora Ferreyra tuvo oportunidad de plantear su posición y efectuar su descargo.
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