Once detenidos por estafar al Estado en u$s 300 millones
Once personas fueron detenidas bajo la acusación de haber creado unas 55 empresas "fantasmas" para estafar al Estado Nacional en unos 300 millones de dólares con Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI), a través de las cuales compraban esa moneda a precio oficial que luego vendían a mayor valor en el mercado negro o giraban al exterior, se informó oficialmente.
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, destacó que "esta defraudación tuvo que ver con un mecanismo utilizado en lo que fue la estrategia de (el entonces secretario de Comercio Interior Guillermo) Moreno, de generar un cepo (al dólar)"
"Así se se hicieron una serie de maniobras en relación al dólar oficial y a como se generaba a partir de este sistema una asociación ilícita dedicada al contrabando y al lavado de dinero, con una defraudación de trescientos millones de dólares", explicó.
La ministra informó los resultados de la investigación de la defraudación durante una conferencia de prensa realizada en la sede de su cartera, en Gelly y Obes 2289, durante la cual precisó que, además, "se han secuestrado una cantidad importante de documentación, computadoras, pendrives y teléfonos celulares".
Por su parte, el subdirector de Control Aduanero de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Pablo Allievi, aclaró que la investigación "se inició a partir de llegada de Juan José Gómez Centurión (titular de Aduana), quien denunció una serie de maniobras que evidenciaban desvíos en las operaciones de Comercio Exterior declaradas, de los montos de dinero en los giros".
"Partimos del análisis de ochenta y cinco millones de registros, algo sin precedentes en lo que tiene que ver con la investigaciones de datos", detalló.
El funcionario expresó que de esta manera se pudo detectar que un grupo de esas operaciones, "unas cuatrocientas sesenta mil que se habían registrado sobre un total de siete millones de DJAI, merecían una investigación particular".
Las DJAI, un recurso en el esquema de administración de importaciones del gobierno kirchnerista, fueron derogadas por el Ministerio de la Producción a fines de 2015,
Mientras estuvo vigente esta operatoria, tras presentar estos formularios en la AFIP, los operadores recibían del Banco de la Nación las cantidades de dólares a precio oficial para realizar la supuestas operaciones al exterior.
Allievi sostuvo que así pudieron "determinar que más de 14.000 millones de dólares no tenían un correlato evidente entre lo que habían declarado en los registros informáticos aduaneros con lo que había acontecido operativamente".
"De ese núcleo pudimos individualizar cincuenta y cinco empresas que eran fantasmas, que no habían importado un solo tornillo y habían girado más de trescientos millones de dolares al exterior", destacó el funcionario.
Allievi agregó que "esto no se agota solamente en una operación declarada, que no tuvo sentido con la realidad".
"Estamos hablando de operaciones que tuvieron la posibilidad de acceder a un dolar subvencionado, un dolar que tenia un valor inferior al del mercado y, a partir de ello, beneficiarse con un tipo de cambio más allá de lo que implicaba beneficiarse con la declaración de importación aduanera", afirmó.
El subdirector de Control Aduanero puntualizó que "el resto de los contribuyentes en el mercado exterior identificados fueron sometidos a fiscalizaciones con el fin de determinar la real conducta que han desplegado" y añadió que en algunos casos de empresas "de primer nivel" vieron "incumplimientos con cuestiones fiscales o aduaneras".
"La vigencia en la cual la organización utilizaba los beneficios de la importación fue desde el año 2012 al 2015, y eran empresas que fueron creadas específicamente para generar beneficios enviando dinero al exterior", señaló.
"La justificación no era que el sistema era complejo o era difícil de registrar, porque un alto número de operadores se ajustaron al sistema", concluyó.
Por su parte, el fiscal general Gabriel Pérez Barbera, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), unidad especial de investigación dependiente de la Procuración General de la Nación, aseguró que "este trabajo que la ministra pone como resultado es el fruto de una tarea en conjunto entre la AFIP; Procelac, Policía Federal; Aduana y la Justicia, porque sólo de esta manera nos parece que es posible investigar".
Pérez Barbera aclaró que no sirve "obtener buenos resultados a partir de buenos allanamientos, buenas denuncias, si después la causa se traba porque no hay capacidad para el procesamiento de datos, esto es justamente lo que hemos realizado".
Bullrich resaltó como conclusión que "estas cincuenta y cinco empresas se organizaron para robarle al Estado nacional", por eso "cuando el Estado tiene reglas claras, lo que hace es reducir la posibilidad de la existencia de operadores, en este caso, por el doble stándard del dólar"
"Por eso, a reglas más transparente menos posibilidades para la corrupcion", indicó.
La causa se encuentra en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico a cargo de Gustavo Meirovich, quien comenzó a tomar declaración a los detenidos, cuyos nombres no fueron dados a conocer.
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, destacó que "esta defraudación tuvo que ver con un mecanismo utilizado en lo que fue la estrategia de (el entonces secretario de Comercio Interior Guillermo) Moreno, de generar un cepo (al dólar)"
"Así se se hicieron una serie de maniobras en relación al dólar oficial y a como se generaba a partir de este sistema una asociación ilícita dedicada al contrabando y al lavado de dinero, con una defraudación de trescientos millones de dólares", explicó.
La ministra informó los resultados de la investigación de la defraudación durante una conferencia de prensa realizada en la sede de su cartera, en Gelly y Obes 2289, durante la cual precisó que, además, "se han secuestrado una cantidad importante de documentación, computadoras, pendrives y teléfonos celulares".
Por su parte, el subdirector de Control Aduanero de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Pablo Allievi, aclaró que la investigación "se inició a partir de llegada de Juan José Gómez Centurión (titular de Aduana), quien denunció una serie de maniobras que evidenciaban desvíos en las operaciones de Comercio Exterior declaradas, de los montos de dinero en los giros".
"Partimos del análisis de ochenta y cinco millones de registros, algo sin precedentes en lo que tiene que ver con la investigaciones de datos", detalló.
El funcionario expresó que de esta manera se pudo detectar que un grupo de esas operaciones, "unas cuatrocientas sesenta mil que se habían registrado sobre un total de siete millones de DJAI, merecían una investigación particular".
Las DJAI, un recurso en el esquema de administración de importaciones del gobierno kirchnerista, fueron derogadas por el Ministerio de la Producción a fines de 2015,
Mientras estuvo vigente esta operatoria, tras presentar estos formularios en la AFIP, los operadores recibían del Banco de la Nación las cantidades de dólares a precio oficial para realizar la supuestas operaciones al exterior.
Allievi sostuvo que así pudieron "determinar que más de 14.000 millones de dólares no tenían un correlato evidente entre lo que habían declarado en los registros informáticos aduaneros con lo que había acontecido operativamente".
"De ese núcleo pudimos individualizar cincuenta y cinco empresas que eran fantasmas, que no habían importado un solo tornillo y habían girado más de trescientos millones de dolares al exterior", destacó el funcionario.
Allievi agregó que "esto no se agota solamente en una operación declarada, que no tuvo sentido con la realidad".
"Estamos hablando de operaciones que tuvieron la posibilidad de acceder a un dolar subvencionado, un dolar que tenia un valor inferior al del mercado y, a partir de ello, beneficiarse con un tipo de cambio más allá de lo que implicaba beneficiarse con la declaración de importación aduanera", afirmó.
El subdirector de Control Aduanero puntualizó que "el resto de los contribuyentes en el mercado exterior identificados fueron sometidos a fiscalizaciones con el fin de determinar la real conducta que han desplegado" y añadió que en algunos casos de empresas "de primer nivel" vieron "incumplimientos con cuestiones fiscales o aduaneras".
"La vigencia en la cual la organización utilizaba los beneficios de la importación fue desde el año 2012 al 2015, y eran empresas que fueron creadas específicamente para generar beneficios enviando dinero al exterior", señaló.
"La justificación no era que el sistema era complejo o era difícil de registrar, porque un alto número de operadores se ajustaron al sistema", concluyó.
Por su parte, el fiscal general Gabriel Pérez Barbera, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), unidad especial de investigación dependiente de la Procuración General de la Nación, aseguró que "este trabajo que la ministra pone como resultado es el fruto de una tarea en conjunto entre la AFIP; Procelac, Policía Federal; Aduana y la Justicia, porque sólo de esta manera nos parece que es posible investigar".
Pérez Barbera aclaró que no sirve "obtener buenos resultados a partir de buenos allanamientos, buenas denuncias, si después la causa se traba porque no hay capacidad para el procesamiento de datos, esto es justamente lo que hemos realizado".
Bullrich resaltó como conclusión que "estas cincuenta y cinco empresas se organizaron para robarle al Estado nacional", por eso "cuando el Estado tiene reglas claras, lo que hace es reducir la posibilidad de la existencia de operadores, en este caso, por el doble stándard del dólar"
"Por eso, a reglas más transparente menos posibilidades para la corrupcion", indicó.
La causa se encuentra en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico a cargo de Gustavo Meirovich, quien comenzó a tomar declaración a los detenidos, cuyos nombres no fueron dados a conocer.
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