Ahora los clientes podrán comparar precios de artículos sin restricciones

Situación habitual: una persona está mirando productos en una local de electrodomésticos —o en la góndola de un supermercado, por caso— para cotejar precios. Anota, saca fotos de los productos, sólo para saber si le conviene comprar lo que le interesa ahí o en otro lugar. Pero un encargado lo “invita” a que deje de tomar esos registros. Y le dice que si no deja de hacerlo, deberá irse. Ahora eso no podrá ocurrir; y si ocurre, habrá sanciones para el comercio que impidan acceder a la información.

Es que el Concejo aprobó una ordenanza en la que se reconoce plenamente en la ciudad el derecho de todos los consumidores y usuarios a la información: es decir, de optar por tomar nota, registro fotográfico, lecturas de códigos QR o por cualquier otro medio tecnológico de los precios que se hallen exhibidos en todo tipo de comercios y en relación con los productos o servicios, y que se ofrecen al público para su comercialización.

Todo esto en concordancia con las Leyes Nacionales N° 22.802 —Lealtad Comercial—; N° 22.262 Defensa de la Competencia y N° 24.240 Defensa del Consumidor—. La ciudad ahora se suma a otras localidades que ya reconocen este derecho, como Rosario. “La norma continúa el camino de la defensa y protección de los derechos de usuarios y consumidores en la capital”, dijo el edil que impulsó la iniciativa sancionada por unanimidad, Franco Ponce de León (FPCyS-CC-Ari).

“Serán sancionadas aquellas personas físicas o jurídicas que ejerzan comercio o desarrollen una actividad lucrativa, siempre que tengan por objeto la venta directa o la atención al público, actividades que desplieguen en un local comercial, y que a través de cualquier medio, recurso o artilugio restrinjan o impidan al usuario o consumidor ejercer el derecho” de acceso a la información, dice la ordenanza en su artículo 2.

La Dirección de Derechos Ciudadanos municipal será la encargada de controlar que la norma se cumpla. En caso de verificarse restricciones a este derecho de usuarios y consumidores, la Secretaría de Control local deberá aplicar las sanciones. En dinero, las multas irán desde las 50 UF (de mínima, unos 900 pesos) hasta las 200 UF (unos 3.500 pesos, de máxima).

Derecho

Para Ponce de León, la ordenanza busca reafirmar “un derecho fundamental que todos tenemos como consumidores y usuarios: el acceso a la información, que deberá ser siempre veraz, clara, cierta y detallada. Un consumidor informado puede elegir bien, cotejando o comparando, y decidirse en base a sus necesidades sobre la compra o no de un producto o servicio”.

Reconocer plenamente este derecho a la información de los consumidores permite que éstos puedan analizar y evaluar las características de los productos o servicios, e incluso hacer un seguimiento de las fluctuaciones de los precios en el tiempo.

Ponce de León relató que cuando fue director de Derechos Ciudadanos, en esa dependencia se recepcionaban numerosas denuncias de consumidores a quienes no les dejaban tomar notas, fotos, ni escaneos de códigos QR de los precios y sus características.

“Hasta hubo periodistas de la ciudad que me comentaron que no pudieron ingresar a un determinado local comercial para tomar imágenes de los productos”, contó.

“Al proyecto lo planteamos en el Consejo de Consumidores y Usuarios de la ciudad (integrado por ediles, funcionarios del Ejecutivo, representantes de la UNL; de la Defensoría del Pueblo, de la Dirección de Comercio Interior de la provincia, del Colegio de Abogados y asociaciones locales de defensa de consumidor). Todos los actores estuvieron de acuerdo”, afirmó el concejal arista en el recinto.

El concejal opositor Juan Cesoni (Bloque PJ) felicitó desde su banca al autor de la iniciativa. “Esta ordenanza se discutió en comisión (de Gobierno), y tiene vocación de ser el mejor instrumento jurídico en el convencimiento de proteger el derecho a la información de todos nosotros como consumidores o usuarios”, destacó Cesoni.

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