Suspendieron al defensor Ganón
Su mandato concluye en abril de 2017. Hasta entonces mantendrá su condición de titular del Servicio Público de la Defensa pero no podrá volver al que era su escritorio. Desde hoy Gabriel Ganón es el defensor general suspendido por la Legislatura, de acuerdo al voto de 16 senadores y 29 diputados (se opusieron 10 diputados y ningún senador).
En la sesión especial conjunta -que celebraron al cierre de esta edición los diputados y los senadores santafesinos- la mayoría decidió aplicar la más dura de las dos posibilidades que había recomendado, en sendos dictámenes, la Comisión Bicameral de Acuerdos, que llevó adelante el proceso en su contra y que se había iniciado bajo el reclamo de su destitución lisa y llana.
La reunión celebrada en el recinto de la Cámara Baja, presidida por el vicegobernador Carlos Fascendini y seguida por un excepcional número de cronistas, resolvió votar de manera nominal. Cada legislador debió dar a conocer su voto.
Ganón es el primer defensor general que tiene Santa Fe y su postulación por el Poder Ejecutivo, luego de autolimitarse mediante un sistema de concursos, fue convalidada por la Legislatura en febrero de 2011. Su pliego quedó firme por el simple paso del tiempo, de manera ficta, sin que sesione la Asamblea que quedó sin quórum. Su rol central fue poner en marcha el Servicio de la Defensa Penal y diferenciar su papel -resguardando su independencia- de otros poderes y de otros órganos de la Justicia.
Para quienes creen que Ganón es víctima de una decisión injusta y para quienes manifestaron públicamente su apoyo al funcionario judicial -en especial organizaciones de derechos humanos y víctimas de violencia policial- les queda el consuelo (seguramente menor) de que finalmente no se aplicó el castigo de la destitución, con que había comenzó el debate.
Decisión política
La acusación del senador Lisandro Enrico (UCR-General López) no fue suficiente para que se le quite el cargo que la propia Legislatura le había otorgado. O tal vez, fue la amenaza del propio Ganón de llevar a los tribunales la cuestión (y reclamar un cuantioso resarcimiento económico) de ser destituido, lo que precipitó la salida de la suspensión hasta que termine su mandato.
Enrico comenzó el proceso el 28 de julio, luego de dos intentos fallidos en igual sentido. Esta vez la Legislatura había avanzado en resolver el procedimiento de destitución de los funcionarios judiciales que creó la reforma procesal penal. Y sin ese obstáculo (que trabó las acusaciones anteriores) el proceso contra Ganón avanzó con amplia los votos suficientes en la Bicameral de Acuerdos.
Los cargos expuestos por Enrico -que respaldaron con sus firmas los diputados Norberto Nicotra (PRO) y Oscar Pieroni (PS)- se desplegaron en 485 fojas, que respaldaron 9 causales de destitución.
Ganón fue acusado de “actuación indebida e ilegítima” en diversas causas penales, que como defensor general “intentó llevar a cabo y fueron rechazadas por varios tribunales”.
Segundo, “la parcialidad política incompatible con el cargo”, por participar de las campañas electorales del Frente para la Victoria. En tercer término, “la privación del derecho de defensa a los agentes policiales” y en cuarto lugar, las muy conocidas “manifestaciones públicas que son indecorosas, agraviantes e impropias de su cargo”, en ocasiones en medios de comunicación, en otras en redes sociales.
En quinto término, “impartir instrucciones que son violatorias del Código Penal y del Código Procesal Penal. En sexto, la intervención procesal indebida siendo defensor general; séptimo, actuación procesal indebida en una causa de Justicia de menores; octavo, designación irregular del abogado Enrique Font. Y en el noveno, uso del tiempo de su jornada de trabajo para fines ajenos a los de su función”.
Defensa
El defensor general contó con la asistencia de un equipo de abogados, encabezado por el Dr. Domingo Rondina, quien esta mañana muy temprano anticipó que se cometería “una injusticia” con Ganón.
También fue copiosa y voluminosa la argumentación del funcionario judicial para defenderse. Y se apoyó en buena medida en lo que consideró fueron vicios del proceso. Argumentó que no hubo una acusación formal y que así no contó con el debido derecho a la defensa. También expuso otras impugnaciones pero finalmente respondió a las acusaciones en su contra (a las que había considerado una “mera denuncia”).
Por varias jornadas, la Bicameral escuchó a sus abogados y al propio Ganón defenderse antes de elaborar los dictámenes que hoy trató la sesión especial.
Eladio García
El fiscal regional Eladio García fue suspendido en sus funciones hasta que concluya su mandato. En sesión especial conjunta los senadores y los diputados santafesinos votaron por esa determinación, aconsejada por la mayoría en la Comisión Bicameral de Acuerdos.
Por mayoría -3 votos en contra y 4 abstenciones- se tomó la decisión de apartarlo de su cargo hasta el año próximo, tras la acusación que inició el senador por 9 de Julio, Joaquín Gramajo, quien fue amenazado por el funcionario judicial.
Si bien la Justicia ordinaria había archivado la acusa que Gramajo le inició a García, el proceso en la Legislatura avanzó en sancionar al fiscal regional de Reconquista. A las acusaciones por el episodio -que el senador Gramajo vivió ante colaboradores de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado- se sumaron otros cargos que también pesaron en la decisión final.
En la sesión especial conjunta -que celebraron al cierre de esta edición los diputados y los senadores santafesinos- la mayoría decidió aplicar la más dura de las dos posibilidades que había recomendado, en sendos dictámenes, la Comisión Bicameral de Acuerdos, que llevó adelante el proceso en su contra y que se había iniciado bajo el reclamo de su destitución lisa y llana.
La reunión celebrada en el recinto de la Cámara Baja, presidida por el vicegobernador Carlos Fascendini y seguida por un excepcional número de cronistas, resolvió votar de manera nominal. Cada legislador debió dar a conocer su voto.
Ganón es el primer defensor general que tiene Santa Fe y su postulación por el Poder Ejecutivo, luego de autolimitarse mediante un sistema de concursos, fue convalidada por la Legislatura en febrero de 2011. Su pliego quedó firme por el simple paso del tiempo, de manera ficta, sin que sesione la Asamblea que quedó sin quórum. Su rol central fue poner en marcha el Servicio de la Defensa Penal y diferenciar su papel -resguardando su independencia- de otros poderes y de otros órganos de la Justicia.
Para quienes creen que Ganón es víctima de una decisión injusta y para quienes manifestaron públicamente su apoyo al funcionario judicial -en especial organizaciones de derechos humanos y víctimas de violencia policial- les queda el consuelo (seguramente menor) de que finalmente no se aplicó el castigo de la destitución, con que había comenzó el debate.
Decisión política
La acusación del senador Lisandro Enrico (UCR-General López) no fue suficiente para que se le quite el cargo que la propia Legislatura le había otorgado. O tal vez, fue la amenaza del propio Ganón de llevar a los tribunales la cuestión (y reclamar un cuantioso resarcimiento económico) de ser destituido, lo que precipitó la salida de la suspensión hasta que termine su mandato.
Enrico comenzó el proceso el 28 de julio, luego de dos intentos fallidos en igual sentido. Esta vez la Legislatura había avanzado en resolver el procedimiento de destitución de los funcionarios judiciales que creó la reforma procesal penal. Y sin ese obstáculo (que trabó las acusaciones anteriores) el proceso contra Ganón avanzó con amplia los votos suficientes en la Bicameral de Acuerdos.
Los cargos expuestos por Enrico -que respaldaron con sus firmas los diputados Norberto Nicotra (PRO) y Oscar Pieroni (PS)- se desplegaron en 485 fojas, que respaldaron 9 causales de destitución.
Ganón fue acusado de “actuación indebida e ilegítima” en diversas causas penales, que como defensor general “intentó llevar a cabo y fueron rechazadas por varios tribunales”.
Segundo, “la parcialidad política incompatible con el cargo”, por participar de las campañas electorales del Frente para la Victoria. En tercer término, “la privación del derecho de defensa a los agentes policiales” y en cuarto lugar, las muy conocidas “manifestaciones públicas que son indecorosas, agraviantes e impropias de su cargo”, en ocasiones en medios de comunicación, en otras en redes sociales.
En quinto término, “impartir instrucciones que son violatorias del Código Penal y del Código Procesal Penal. En sexto, la intervención procesal indebida siendo defensor general; séptimo, actuación procesal indebida en una causa de Justicia de menores; octavo, designación irregular del abogado Enrique Font. Y en el noveno, uso del tiempo de su jornada de trabajo para fines ajenos a los de su función”.
Defensa
El defensor general contó con la asistencia de un equipo de abogados, encabezado por el Dr. Domingo Rondina, quien esta mañana muy temprano anticipó que se cometería “una injusticia” con Ganón.
También fue copiosa y voluminosa la argumentación del funcionario judicial para defenderse. Y se apoyó en buena medida en lo que consideró fueron vicios del proceso. Argumentó que no hubo una acusación formal y que así no contó con el debido derecho a la defensa. También expuso otras impugnaciones pero finalmente respondió a las acusaciones en su contra (a las que había considerado una “mera denuncia”).
Por varias jornadas, la Bicameral escuchó a sus abogados y al propio Ganón defenderse antes de elaborar los dictámenes que hoy trató la sesión especial.
Eladio García
El fiscal regional Eladio García fue suspendido en sus funciones hasta que concluya su mandato. En sesión especial conjunta los senadores y los diputados santafesinos votaron por esa determinación, aconsejada por la mayoría en la Comisión Bicameral de Acuerdos.
Por mayoría -3 votos en contra y 4 abstenciones- se tomó la decisión de apartarlo de su cargo hasta el año próximo, tras la acusación que inició el senador por 9 de Julio, Joaquín Gramajo, quien fue amenazado por el funcionario judicial.
Si bien la Justicia ordinaria había archivado la acusa que Gramajo le inició a García, el proceso en la Legislatura avanzó en sancionar al fiscal regional de Reconquista. A las acusaciones por el episodio -que el senador Gramajo vivió ante colaboradores de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado- se sumaron otros cargos que también pesaron en la decisión final.
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