Sorpresivo traspié oficialista en Diputados por obra pública
La coalición oficialista Cambiemos fracasó este miércoles en su intento por aprobar en la Cámara baja el nuevo régimen de participación público privada (PPP) para la contratación de obra pública, al prosperar una moción del Frente para la Victoria para que el proyecto vuelva a debatirse en comisión.
La moción fue pedida por el diputado kirchnerista Abel Furlán, y, tras ser sometida a votación, el resultado arrojó 107 votos positivos, 106 rechazos y 8 abstenciones.
Pese a que Cambiemos descontaba tener los votos necesarios para tener media sanción en el recinto, gracias al respaldo al que se había comprometido el Frente Renovador la noche anterior y que el propio Marco Lavagna ratificó al inicio del debate en el recinto, un volantazo de último momento de Sergio Massa hizo caer el acuerdo y bajó la orden de plegarse a la moción del kirchnerismo.
Según señaló el diputado radical Jorge D´Agostino a la prensa, Massa tenía dificultades para alinear a su tropa por divergencias de criterio entre sus legisladores, por lo que decidió cortar por lo sano llamando a votar en bloque a favor de la moción de Furlán, en un acuerdo con el jefe de bloque del FpV-PJ, Héctor Recalde.
Un diputado importante de la mesa chica de Cambiemos se quejó de la "falta de previsibilidad" en materia de acuerdos parlamentarios ya que, según aseguró, el oficialismo había accedido a tratar y aprobar la ley pedida por el massismo que concede la capacidad de otorgamiento de la matrícula federal para el ejercicio de la abogacía a la Federación Argentina del Colegio de Abogados (FACA) con la condición de que luego el Frente Renovador apoye la ley PPP.
"Vamos a volver", cantaban los diputados del Frente para la Victoria al término de la votación, que tuvo un desenlace confuso, ya que el diputado radical Hugo Marcucci votó por error de manera afirmativa, pero cuando pidió la rectificación los diputados massistas ya se habían levantado y la sesión estaba caída.
Si Marcucci hubiera votado en rechazo a la moción de orden, la votación habría resultado 106 a 106 y, frente a ese escenario, el presidente de la Cámara Baja, Emilio Monzó, habría desempatado con seguridad en contra de la moción, lo que hubiera pintado un panorama diferente.
Así, paradójicamente el kirchnerismo logró alinear detrás de su pedido a sectores que en muchas ocasiones votan a la par de Cambiemos, como el GEN de Margarita Stolbizer y cuatro diputados del bloque Justicialista de Diego Bossio.
Ahora, Cambiemos está obligado a barajar y dar de nuevo en la negociación con la oposición y no tendrá más alternativa que introducir cambios en el dictamen para poder votar el proyecto la semana que viene.
En sus intervenciones, el diputado Carlos Heller (Partido Solidario) y Myriam Bregman (PTS-Frente de Izquierda) también habían planteado mociones de orden por la vuelta del dictamen a las comisiones de Legislación General y Presupuesto y hacienda.
Durante el transcurso del debate, distintos sectores de la oposición se unieron en el reclamo con furibundas críticas contra el carácter "privatizador" y "cipayo" del régimen de asociación público-privado, al entender que con esa normativa se intentaba convalidar un "Estado bobo" a partir de la transferencia de atribuciones al sector privado en la realización de obras de infraestructura.
"Se quitan los controles, se delegan las facultades, incluso la capacidad de tribunales argentinos de fallar sobre qué pasa con esos contratos", protestó Axel Kicillof (FpV-PJ), que a su vez alertó que "no hay una coma en este proyecto que cuide a la industria nacional, al trabajo argentino, a las pymes".
En la misma línea, el diputado Juan Manuel Pedrini advirtió que el proyecto abre peligrosamente las puertas a un "endeudamiento mayor" al que ya contrajo el Gobierno este año y también cuestionó la cesión de jurisdicción en el caso de controversias por incumplimientos, donde el Estado se compromete a no apelar fallos de tribunales extranjeros.
"Parecería ser que hay muchos que quieren volver a litigar con el juez Griesa, no conformes con lo que sucedió con los fondos buitre", afirmó.
"No podemos hacer un Parlamento cipayo. Pongámonos los pantalones. Basta de entrega", disparó.
También abonó esta postura Stolbizer, que evaluó como un "fracaso" volver a probar las "políticas de privatizaciones de los años noventa" que convierten al Estado en "rehén del sector privado".
"Al Gobierno le falta política. Cree que la política del derrame puede dar resultado. Hay que reconstruir una visión de país", sentenció.
Al inaugurar el debate de la comisión, Daniel Lipovetsky (PRO) había defendido la iniciativa oficialista, a la que calificó como un "instrumento" para traer "grandes obras de infraestructura que son importantes para el país" y que el Estado no puede garantizar por sí solo.
"La participación privada en este proceso es realmente muy necesaria. Por supuesto que el Estado tiene un rol insustituible, por ejemplo en obras de infraestructura y servicios para la gente, pero la presencia del sector privado se hace cada vez más necesaria", había concluido.
La moción fue pedida por el diputado kirchnerista Abel Furlán, y, tras ser sometida a votación, el resultado arrojó 107 votos positivos, 106 rechazos y 8 abstenciones.
Pese a que Cambiemos descontaba tener los votos necesarios para tener media sanción en el recinto, gracias al respaldo al que se había comprometido el Frente Renovador la noche anterior y que el propio Marco Lavagna ratificó al inicio del debate en el recinto, un volantazo de último momento de Sergio Massa hizo caer el acuerdo y bajó la orden de plegarse a la moción del kirchnerismo.
Según señaló el diputado radical Jorge D´Agostino a la prensa, Massa tenía dificultades para alinear a su tropa por divergencias de criterio entre sus legisladores, por lo que decidió cortar por lo sano llamando a votar en bloque a favor de la moción de Furlán, en un acuerdo con el jefe de bloque del FpV-PJ, Héctor Recalde.
Un diputado importante de la mesa chica de Cambiemos se quejó de la "falta de previsibilidad" en materia de acuerdos parlamentarios ya que, según aseguró, el oficialismo había accedido a tratar y aprobar la ley pedida por el massismo que concede la capacidad de otorgamiento de la matrícula federal para el ejercicio de la abogacía a la Federación Argentina del Colegio de Abogados (FACA) con la condición de que luego el Frente Renovador apoye la ley PPP.
"Vamos a volver", cantaban los diputados del Frente para la Victoria al término de la votación, que tuvo un desenlace confuso, ya que el diputado radical Hugo Marcucci votó por error de manera afirmativa, pero cuando pidió la rectificación los diputados massistas ya se habían levantado y la sesión estaba caída.
Si Marcucci hubiera votado en rechazo a la moción de orden, la votación habría resultado 106 a 106 y, frente a ese escenario, el presidente de la Cámara Baja, Emilio Monzó, habría desempatado con seguridad en contra de la moción, lo que hubiera pintado un panorama diferente.
Así, paradójicamente el kirchnerismo logró alinear detrás de su pedido a sectores que en muchas ocasiones votan a la par de Cambiemos, como el GEN de Margarita Stolbizer y cuatro diputados del bloque Justicialista de Diego Bossio.
Ahora, Cambiemos está obligado a barajar y dar de nuevo en la negociación con la oposición y no tendrá más alternativa que introducir cambios en el dictamen para poder votar el proyecto la semana que viene.
En sus intervenciones, el diputado Carlos Heller (Partido Solidario) y Myriam Bregman (PTS-Frente de Izquierda) también habían planteado mociones de orden por la vuelta del dictamen a las comisiones de Legislación General y Presupuesto y hacienda.
Durante el transcurso del debate, distintos sectores de la oposición se unieron en el reclamo con furibundas críticas contra el carácter "privatizador" y "cipayo" del régimen de asociación público-privado, al entender que con esa normativa se intentaba convalidar un "Estado bobo" a partir de la transferencia de atribuciones al sector privado en la realización de obras de infraestructura.
"Se quitan los controles, se delegan las facultades, incluso la capacidad de tribunales argentinos de fallar sobre qué pasa con esos contratos", protestó Axel Kicillof (FpV-PJ), que a su vez alertó que "no hay una coma en este proyecto que cuide a la industria nacional, al trabajo argentino, a las pymes".
En la misma línea, el diputado Juan Manuel Pedrini advirtió que el proyecto abre peligrosamente las puertas a un "endeudamiento mayor" al que ya contrajo el Gobierno este año y también cuestionó la cesión de jurisdicción en el caso de controversias por incumplimientos, donde el Estado se compromete a no apelar fallos de tribunales extranjeros.
"Parecería ser que hay muchos que quieren volver a litigar con el juez Griesa, no conformes con lo que sucedió con los fondos buitre", afirmó.
"No podemos hacer un Parlamento cipayo. Pongámonos los pantalones. Basta de entrega", disparó.
También abonó esta postura Stolbizer, que evaluó como un "fracaso" volver a probar las "políticas de privatizaciones de los años noventa" que convierten al Estado en "rehén del sector privado".
"Al Gobierno le falta política. Cree que la política del derrame puede dar resultado. Hay que reconstruir una visión de país", sentenció.
Al inaugurar el debate de la comisión, Daniel Lipovetsky (PRO) había defendido la iniciativa oficialista, a la que calificó como un "instrumento" para traer "grandes obras de infraestructura que son importantes para el país" y que el Estado no puede garantizar por sí solo.
"La participación privada en este proceso es realmente muy necesaria. Por supuesto que el Estado tiene un rol insustituible, por ejemplo en obras de infraestructura y servicios para la gente, pero la presencia del sector privado se hace cada vez más necesaria", había concluido.
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